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Los Nuevos Costos de la Democracia y la Participación en la Cuarta Transformación – Ricardo Ruiz

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Ricardo Ruiz

La democracia es un ideal que hace sus cimientos en los principios fundamentales de libertad, paz y justicia, así como también retoma los valores del bien común como la participación y la cooperación entre individuos. En tiempos antiguos se practicaba por los ciudadanos griegos que, reunidos en asamblea, ejercían el poder soberano cuyos ámbitos de acción incluían todos los asuntos relevantes para la ciudad.

La democracia en nuestro país encuentra su financiamiento en el presupuesto público mediante los organismos electorales previstos en los Ramos 3, 17 y 22 del Presupuesto de Egresos de la Federación, los cuales son: Instituto Nacional Electoral (INE), la Procuraduría General de Justicia para la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE) y el Poder Judicial de la Federación para el Tribunal Federal Electoral. Sin embargo, de todas estas instituciones la que mayor presupuesto tiene es el INE, el cual ha pasado de tener un presupuesto de $12,309 millones de pesos en 2009 a $17,426 millones de pesos en 2018, lo que representa un incremento del 42% en nueve años. Este recurso se destina principalmente a las Prerrogativas a partidos políticos, la actualización del padrón electoral y expedición de la credencial para votar y la organización federal electoral.

De acuerdo con un análisis realizado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, en las elecciones presidenciales de 2012 participó el 63% de los electores inscritos en la lista nominal. Teniendo esto un costo promedio por cada voto de $ 346.80 pesos, mientras que el costo de cada ciudadano que se abstuvo fue de $599.08 pesos, lo que indica que el costo de las elecciones se incrementa en paralelo al crecimiento en el abstencionismo. Las elecciones de 2018 costaron 28,033 millones de pesos, 22% más que las de 2012.

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Estos datos a gran escala nos muestran los altos costos de la democracia representativa en nuestro país, mientras que la otra cara de la moneda no se ve proporcionalmente igual, ya que la participación ciudadana en las elecciones cada vez se ve más afectada  por la desconfianza en las instituciones y en los partidos políticos.

Este tema lo identificó y lo manejó el ahora presidente electo. Durante los 12 años de campaña que realizo a lo largo del país, sostuvo que era necesario establecer nuevos canales de participación ciudadana. Los principales que expresó fueron la consulta ciudadana y la revocación de mandato, las cuales ya tienen propuestas para modificar la Constitución por parte de los diputados de la bancada de Morena en la cámara de diputados. Sin lugar a duda, estos dos temas han estado en la agenda pública desde hace varios años. Tan solo del 2000 al 2009 fueron presentadas 43 iniciativas de reforma a la Constitución General, para establecer las formas de la democracia participativa (el referéndum, la iniciativa popular, el plebiscito y la revocación del mandato, entre otras).

El consenso entre las bancadas de los partidos nunca se logró, situación que cambia en la actual LXIV legislatura, ya que Morena tiene mayoría tanto en el senado de la república como en la cámara de diputados. Con lo cual, tiene un campo de acción aplastante para aprobar las reformas e impulsar la llamada nueva democracia participativa. La cual ya ha estado practicando el presidente electo sin llegar al poder, ya que desde que se determinó como ganador y presidente electo de la nación ha realizado dos consultas ciudadanas con el objetivo de poner en practica la frase: “el pueblo manda”. La primera, referente a la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de México, en la cual participaron más de 1 millón 67 mil personas y tuvo un costo de 1.5 millones de pesos. La segunda consulta, referente a programas sociales y a la construcción del tren maya. En esta, participaron más de 946 mil personas y tuvo un costo de 2 millones 400 mil pesos. Estos resultados nos muestras que tan solo en estas dos rondas de consultas, la participación ciudadana bajo un 11% de la primera a la segunda, pero el costo se incrementó en 60% de la primera a la segunda.

Lo anterior principalmente por el tiraje de las papeletas y la cantidad de preguntas, supongo a simple vista y ojo de buen cubero. Sin embargo, algo sí queda claro: los mecanismos legales y de certidumbre jurídica con los que se han realizado son carentes y, aun así, serán tomados como instrumento de participación ciudadana y con ello de injerencia en los temas relevantes para el desarrollo nacional. Aunque esto se puede manejar mediáticamente porque aún no llega al poder y no tiene acceso al INE ni se concretan las reformas para establecer los mecanismos para las consultas, principalmente.

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Por otro lado, lo que sí es transparente es que los costos de la nueva democracia en la Cuarta Transformación tendrán que reorientar los gastos del INE y de las instituciones encargadas de llevar a cabo consultas ciudadanas o de revocación de mandato, lo que afectará de manera directa el presupuesto público teniendo que recortar de algunos lados y rellenar en otros para compensar los incrementos en los gastos. Aunque esto bien podría salir de los ahorros por corrupción, que también ha manejado el presidente electo y que ahora serán presupuesto disponible para fortalecer las finanzas públicas.

En este sentido, tendremos que esperar para ver los resultados de las modificaciones legales a la Constitución, al INE y al presupuesto de egresos de la federación, para observar con mayor claridad los nuevos costos de la democracia en nuestro país. Con el ánimo de que se instauren estos canales de participación ciudadana y se transforme nuestra democracia, será prioritario seguir tanto el tema legal como el financiero para tener el equilibrio entre ambos.

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