El Desenlace de Puebla – Geovani Pérez

Al Lado del camino

Geovani Pérez

Después de seguir detenidamente la sesión pública del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quedaron dos cosas claras.

La primera, es que todos los Magistrados del TEPJF exhibieron una pobreza preocupante en sus argumentaciones jurídicas, lo que resulta por lo menos sospechoso en esos niveles. Y nos habla de la manera en que han llegado esos personajes a ocupar esas posiciones. Son producto de compadrazgos y negociaciones, y no necesariamente son los más preparados para resolver casos de suma importancia en nuestro sistema electoral. Más allá de que sus participaciones se encuadraran o no en elementos jurídicos probatorios, aquello fue un debate sin pies ni cabeza. Se discutía un proyecto de resolución que, en algunos casos, se dedicaron a ignorar completamente desviando el análisis de las pruebas presentadas por el magistrado ponente. La cereza en el pastel fue la intervención de la Magistrada Mónica Soto Fregoso que, más que conflictuada por la importancia del caso, parecía temerosa de presiones externas por el sentido de su voto.

Finalmente, el proyecto de resolución de José Luis Vargas Valdez fue desechado por 4 votos en contra y por sólo 3 a favor de la anulación de los comicios.

Ese resultado nos lleva a la siguiente conclusión: el equipo jurídico de Luis Miguel Barbosa fue incapaz de probar, a través de una impugnación sólida, un fraude que estuvo a la vista de todos. La diferencia de 100 mil votos estaba soportada en una zona específica del Estado, la Sierra Norte. Con municipios de difícil acceso en los que los conteos distritales registraron datos atípicos respecto a todas las otras zonas de Puebla. Cada candidato, en una práctica común para las elecciones, contaba con encuestas de salida serias que reportaban periódicamente el desarrollo de la elección. En el momento en que el resultado parecía irreversible, comenzó la movilización criminal. A partir de las 4 pm grupos armados empezaron a atacar las principales casillas de la capital del Estado que, finalmente, fue la que mayores dividendos aportó a Morena, en un intento por recortar las diferencias entre los candidatos y que lo hecho en la Sierra Norte alcanzara. No era el número de casillas, ni el tamaño. Era el mensaje de que ya no era seguro salir a votar.

Desde las pasadas elecciones el equipo de Andrés Manuel López Obrador fue incapaz de presentar una impugnación sería y de contar con los suficientes representantes de casilla para contrarrestar cualquier irregularidad. Lo mismo pasó en Puebla.

Los conteos distritales fueron invalidados por el conteo voto por voto del TEPJF y el proyecto de resolución invalidaba también ese conteo. Nadie parece advertir la gravedad de este asunto pero, así, tenemos que en Puebla se eligió una gobernadora en la mesa (usando las mismas palabras de la panista) y no por el voto popular. La descomposición de nuestro sistema electoral no puede ser maquillada por el triunfo de AMLO. En Puebla fracasaron las autoridades electorales encargadas de organizar la elección, el OPLE. También fracasaron las autoridades encargadas de calificarla, el TEEP y a pesar de los argumentos de los ganadores, el voto ciudadano nunca fue respetado. Martha Érika Alonso es gobernadora de Puebla por la decisión de 4 de 7 magistrados que, en un momento histórico, desperdiciaron el prestigio de una institución fundamental de nuestro sistema político.

 

La negociación del Poder Judicial

Por si fuera poco arrastrar el prestigio de las instituciones encargadas de la procuración de justicia electoral, el senador Rafael Moreno Valle involucró a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia en el caso Puebla. La discusión de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos sirvió, por un lado, para aprovechar la falta de solidez de la impugnación de Morena en el TEPJF y cabildear una resolución a favor de su esposa y, por el otro, para constituirse como principal operador de la oposición al gobierno de López Obrador. La SCJN y el TEPJF son objeto del repudio ciudadano por dos razones. Primero, por ser un instrumento de presión de una fracción parlamentaria y prestarse a contubernio en temas políticos y, segundo, a representar instituciones anquilosadas e ineficientes que lo único que protege son sus intereses particulares. Un salario y una gubernatura, por muy importantes que sean, no valen el prestigio de estos “Máximos” tribunales. Haber cabildeado en estos asuntos les traerá un costo político irreparable, porque perdieron la confianza ciudadana y se pusieron en bandeja para que el discurso de AMLO se siga perpetuando en lo que se refiere a la corrupción de la clase política, económica y, ahora, judicial en este país.

Al lado del camino se ven nuevos “enemigos” para la 4ta transformación.

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